Demanda contra el Gobierno Federal

martes, 20 octubre 2009

Por considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) ha incurrido en dilación de la justicia al no investigar sendas denuncias penales presentadas por los casos de contaminación transgénica y tráfico ilegal de semillas genéticamente modificadas que se han registrado en nuestro país, cerca de 600 organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos alistan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno de México por autorizar la siembra de maíz transgénico ¿con fines experimentales? en el estado de Tamaulipas. La Coordinadora de Agricultura Sustentable de Greenpace, Aleira Lara, explicó que la denuncia también obedece a que el gobierno federal entregó dichos permisos violando la Ley de Bioseguridad aprobada en 2005, por lo que se interpuso una segunda denuncia penal en marzo del 2009 que tampoco ha sido atendida por la PGR. Lara Galicia agregó que además de la denuncia penal, están por resolverse varios recursos de amparo presentados por Greenpace y organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo en contra de las modificaciones a la Ley de Bioseguridad que eliminaron los candados para la siembra de maíz transgénico en territorio nacional. Advirtió que dichas modificaciones ponen en riesgo el derecho a la alimentación de todos los mexicanos, ya que se pone en manos de monopolios la producción de las principales semillas de consumo humanos como son el maíz, el arroz, la soya, el trigo y el frijol, por lo ya también se interpondrán recursos de revisión en la materia. Destacó que existe además una controversia constitucional interpuesta por el municipio de Tepoztlán en contra de estos cambios, misma que se brincó el Secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda, por estar vinculado a la industria agrolimentaria, al igual que su antecesor en el cargo, Alberto Cárdenas Jiménez. Por último, la representante de Greenpace dijo que se han documentado al menos dos casos más de funcionarias federales, Sandra Piña y Silvia Rojas, que estarían incurriendo en conflictos de interés, ya que anteriormente trabajaban en la industria